El modelo de negocio está construido sobre una suposición fundamental que no fue validada: que los municipios ven la gestión de quejas como un dolor urgente por el cual pagarían. Todo el plan depende de esto y no hay una sola conversación con un cliente potencial que lo respalde.
El riesgo principal es la total desconexión con el cliente. Estás construyendo una solución para un problema que vos, como ciudadano, percibís, pero no tenés la menor idea si el que tiene que pagar (el municipio) lo ve de la misma manera. Probablemente no.
¿Por qué un municipio te pagaría a vos para solucionar un 'problema de imagen' en vez de simplemente contratar a un community manager para que responda en Twitter, que es más barato y donde la gente ya está?
enés una solución buscando un problema. Partiste de tu propia frustración como ciudadano y asumiste, sin validarlo, que el municipio comparte tu urgencia. Mientras no hables con tus clientes reales y entiendas su dolor, esto es solo un proyecto, no un negocio.
Problema inventado desde la perspectiva del comprador. No hay evidencia de que a los municipios les duela lo suficiente como para pagar.
La plataforma se entiende, pero ataca un problema que probablemente no es el real. Es una solución técnica a un problema que puede ser político o de recursos, no de software.
La voluntad está, pero la ingenuidad sobre cómo funciona una venta B2G (business-to-government) y la falta de investigación básica son alarmantes.
La estrategia es 'rezar para que el cliente haga todo el marketing'. No hay un plan B ni un entendimiento real de cómo se adquieren usuarios.
Un mapa con pins. Cualquiera puede replicarlo en un fin de semana. La única barrera de entrada sería el acuerdo con el municipio, que es justamente la pieza que falta.
Cero validación. Ni del lado del ciudadano (usuarios) ni, más importante, del lado del municipio (clientes).